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jueves, 26 de marzo de 2009

Una vida sin poder de decisión, no es vida

La reforma de la ley del aborto que ha propuesto el Gobierno socialista permitirá a todas las mujeres embarazadas que lo deseen detener su periodo fecundación hasta las 14 semanas de gestación como máximo. Además, se añade a este rediseño la posibilidad de que las adolescentes de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres o incluso sin que éstos lleguen a enterarse.

Esta última parte de la remodelación ha creado bastante controversia en los grupos anti-abortistas y en los partidos políticos contrarios a la medida, ya que sentencian que si un menor tiene que poseer una autorización de sus tutores para salir de excursión o hacerse un pendiente, sería contraproducente que una adolescente abortara a escondidas de sus progenitores. Estas disconformidades se unen a su idea principal de que paralizar la fecundación es matar una vida.

Si abortar es acabar con una vida, no dejar decidir a una chica de 16 años por sí misma es como arrebatarle esa existencia que tanto defienden. El sector anti-aborto se ampara en que hoy en día hay muchos y mejores medios para prevenir los embarazos no deseados. Pero los métodos anti-conceptivos no son cien por cien fiables, con que incluso tomando precauciones la mujer se puede quedar preñada sin que por ello haya actuado de manera irresponsable.

El problema no está en la necesidad de pedir permiso o no a los padres, sino en las contradicciones en las que está inmersa la sociedad: o hay poder de decisión para todo con 16 años, hasta para votar, o no hay autonomía para nada hasta los 18.

jueves, 12 de marzo de 2009

¿Quién realmente se beneficia del plan Bolonia?

La creación del Espacio Europeo de Educación, que fue consecuencia del acuerdo firmado por los ministros de educación de la Unión Europea en la ciudad de Bolonia (1999), es la reforma universitaria que adecua los títulos conseguidos en los países de origen a todo el territorio europeo, y adopta el sistema basado en tres ciclos (grado, postgrado y doctorado) que pretende mejorar la adaptación al mercado laboral de los estudiantes. El objetivo es que los alumnos den materias genéricas en el grado y que puedan especializarse a partir del segundo ciclo. Eso sí, especializarse previo pago de unos dos mil euros aproximadamente.

Esta declaración de Bolonia, por su ingrato olor a privatización de la educación, ha levantado polémica en las partes realmente interesadas en el aprendizaje y la sapiencia. Tanto profesores y catedráticos (no todos, eso sí) como estudiantes son contrarios a lo que denominan “mercantilización de la educación”. Y es que las nuevas carreras, al ser tan generales, y sólo 3 o 4 años de estudio universitario, difícilmente te abrirán las puertas de ninguna profesión, por lo que los alumnos estarán obligados a pagarse un máster si quieren conseguir un trabajo estable el día de mañana. Además, esto conlleva a la pérdida de calidad de los postgrados, porque al ser cuasi-obligatorios serán menos los profesionales existentes que puedan dar las materias necesarias para desarrollar ese ciclo.

¿Quién realmente se beneficia del plan Bolonia? Los que firmaron este tratado no tienen que pensar en su futuro, porque ya lo tienen asegurado. A los que perjudica el nuevo sistema están en las calles protestando contra él. Y parece que no se les va a escuchar…