En su última reunión en Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó un informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a Internet a los consumidores como medida para luchar contra las descargas ilegales. Dicho informe se ampara en el respeto a la libertad de expresión de los usuarios, que necesita que se prohíba el control de todos los movimientos que los ciudadanos realizan en la red para que se lleve a cabo.
En España, el nombramiento de la nueva ministra de cultura, Ángeles González-Sinde, reconocida enemiga de los piratas informáticos, ha hecho que los que se lucran en nuestro país con el intercambio de archivos en la red saquen sus escudos y se pongan a la defensiva. Muchas son las páginas web que cobran a los usuarios por descargar archivos sobre los que no ejercen ningún tipo de derecho de propiedad. Y eso no se puede tolerar.
Ahora bien, lo que tampoco se puede consentir es que las obras pirateadas tengan precios desmedidos en su formato legal. Los consumidores son inteligentes y prefieren obtener a bajo coste una película o disco compacto que en las tiendas ronda los veinte euros. Y la calidad suele ser óptima en los intercambios P2P.
¿Nadie se ha parado a pensar que la solución puede estar en abaratar los precios? La gente se ha hartado de que siempre sean los mismos los que se enriquecen a su costa. Y con la crisis global en la que estamos inmersos, aumentarán las descargas en la red. Y si no se toman medidas, la gente seguirá sin consumir para mirar más su bolsillo.
